Sin periodistas no hay información libre: por qué proteger a quienes cuentan lo que ocurre
Amenazas, intimidación, violencia, desacreditación y asesinato son algunos de los riesgos que corren las y los periodistas por ejercer su labor.
Las agresiones contra la prensa no solo ponen en riesgo a quienes ejercen el periodismo: también afectan el derecho de toda la sociedad a conocer, cuestionar y exigir cuentas. En México, la violencia y la impunidad mantienen esta labor bajo amenaza.
El trabajo periodístico implica investigar asuntos de interés público, contrastar versiones, documentar abusos, revelar irregularidades y dar seguimiento a hechos que, de otra manera, podrían permanecer ocultos. Por eso, proteger a las y los periodistas no es concederles un privilegio, sino garantizar que la sociedad pueda acceder a información independiente y diversa.
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Cuando una reportera recibe amenazas por investigar una denuncia, cuando un fotógrafo es agredido durante una cobertura o cuando un periodista es asesinado por publicar información incómoda, las consecuencias van más allá de la víctima: también se intenta intimidar a otras personas para que dejen de preguntar, investigar o informar.
México: violencia que no se detiene
Las cifras muestran la dimensión del problema. De acuerdo con el informe Estructuras de Silencio: censura, opacidad y vigilancia, presentado por Artículo 19 en mayo de 2026, durante 2025 se registraron 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que equivale a una cada 19 horas. La organización también documentó siete periodistas asesinados durante ese año.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó en su informe anual correspondiente a 2025 el asesinato de 11 periodistas y comunicadores en México, dentro de un registro de 27 casos en ocho países de América Latina. Las cifras pueden variar según los periodos y criterios de documentación utilizados por cada organismo, pero ambas fuentes advierten sobre la persistencia de la violencia contra la prensa.
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A las agresiones físicas se suman amenazas, desapariciones, hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio y procesos judiciales que pueden utilizarse para intimidar o desgastar a quienes publican información de interés público.
La impunidad también silencia
Uno de los mayores obstáculos para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo es que los ataques no siempre llegan a una investigación eficaz ni a una sanción para los responsables.
Según cifras de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), retomadas por El Economista en mayo de 2026, entre el 5 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2026 se iniciaron mil 885 investigaciones por delitos contra periodistas. De ellas, únicamente 253 habían llegado a una resolución y se reportaban 53 sentencias condenatorias.
En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó en 2024 que el 85 por ciento de los asesinatos de periodistas registrados desde 2006 permanecían sin resolverse. Además, durante 2022 y 2023 fueron asesinados 162 periodistas en el mundo, aproximadamente uno cada cuatro días.
La falta de justicia no solo deja a las víctimas y sus familias sin respuestas: también puede generar un entorno en el que quienes amenazan o atacan a la prensa perciban que pueden hacerlo sin enfrentar consecuencias.
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Defender al periodismo es defender el derecho a saber
La importancia de cuidar a las y los periodistas también está relacionada con la vida cotidiana. La información permite conocer cómo se utilizan los recursos públicos, qué decisiones toman las autoridades, cuáles son los problemas de una comunidad, qué derechos están siendo vulnerados y qué alternativas existen ante una situación que afecta a la población.
Sin investigaciones periodísticas, muchos asuntos de interés colectivo tendrían menos posibilidades de llegar al debate público. La prensa contribuye a documentar hechos, contrastar declaraciones, visibilizar a comunidades y ofrecer elementos para que las personas formen sus propias opiniones.
La protección debe contemplar tanto la seguridad física como las condiciones para ejercer la profesión sin censura ni represalias. Esto implica prevenir agresiones, investigar los ataques, sancionar a quienes resulten responsables, garantizar mecanismos de protección eficaces y evitar discursos que estigmaticen o conviertan a periodistas en objetivos de hostilidad.
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También requiere reconocer que las mujeres periodistas y quienes cubren temas de corrupción, seguridad, derechos humanos o medio ambiente pueden enfrentar riesgos específicos, incluidos el acoso y las amenazas en espacios digitales.
Cuidar a quienes informan no significa estar de acuerdo con todo lo que publican, evitar que sean cuestionados o impedir que se les exijan estándares éticos. Significa defender su derecho a trabajar sin miedo y el de la ciudadanía a recibir información, incluso cuando esta resulte incómoda para quienes tienen poder.
