Migrantes LGBTIQA+ y mujeres enfrentan obstáculos para acceder a la salud en México
Una investigación de la Universidad Iberoamericana (IBERO) documentó que, pese a que el derecho a la salud está reconocido en las leyes mexicanas, las personas migrantes enfrentan barreras burocráticas, discriminación y falta de insumos cuando buscan atención médica, particularmente en servicios de salud sexual y reproductiva.
El estudio, presentado por la Dra. Valeria Marina Valle, académica-investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la IBERO Ciudad de México, se centró en las condiciones de mujeres, niñas mayores de 12 años y personas de la diversidad sexual LGBTIQA+ en situación de migración o tránsito.
Exigir derechohabiencia deja fuera a personas en tránsito
Uno de los principales obstáculos identificados en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, es que algunos servicios públicos solicitan a las personas migrantes acreditar su derechohabiencia para recibir atención médica, un requisito difícil de cumplir para quienes se encuentran en tránsito por el país.
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A esta barrera administrativa se suman la falta de insumos hospitalarios, el racismo y la xenofobia, condiciones que dificultan el acceso efectivo a servicios de salud, aunque este derecho esté reconocido en el marco jurídico nacional e internacional.
Ante estas limitaciones, una parte importante de la atención recae en organizaciones civiles como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y las casas de migrantes. En Ciudad Ixtepec, la investigación contó con la colaboración del albergue Hermanos en el Camino, dirigido por el padre Alejandro Solalinde.
Ocho de cada 10 mujeres reportaron vulneraciones a sus derechos
Entre los datos más preocupantes del estudio destaca que 80 por ciento de las mujeres que llegan a albergues en Ciudad Ixtepec ha sufrido alguna violación a sus derechos humanos por parte de una institución o autoridad.
La investigación también señala que 49.9 por ciento de la población migrante latinoamericana son mujeres, muchas de ellas en edad reproductiva, entre los 18 y 49 años.
Además, advierte que desde 2018 se ha observado un incremento en la migración de mujeres, personas con identidades sexogenéricas no normativas, así como niñas, niños y adolescentes.
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Otro dato corresponde al periodo de enero a agosto de 2021: 36.9 por ciento de mujeres adultas y menores de edad se registró ante alguna autoridad migratoria con la intención de atender situaciones relacionadas con vulneraciones a sus derechos de salud sexual y reproductiva, además de otras afectaciones vinculadas con las condiciones del trayecto.
La violencia no termina al cruzar la frontera
El estudio advierte que algunas mujeres abandonan sus países de origen para escapar de violencia por razones de género, pero durante el tránsito pueden volver a enfrentar agresiones, precarización laboral y sexualización.
Estas condiciones incrementan su exposición a nuevas vulneraciones y dificultan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades de transmisión sexual y atención menstrual digna.
Frente a este panorama, los albergues y organizaciones civiles proporcionan información sobre salud, prevención y las instituciones que pueden brindar atención médica en la región. También realizan actividades para que las personas migrantes conozcan sus derechos y puedan enfrentar situaciones de discriminación y xenofobia.
Organizaciones civiles cubren vacíos de atención
La investigación encontró que las políticas públicas migratorias presentan deficiencias para garantizar, en la práctica, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
De acuerdo con el análisis, las organizaciones civiles terminan asumiendo tareas de asistencia humanitaria y atención que no siempre son cubiertas por las instituciones públicas, mientras las necesidades sanitarias de las personas migrantes permanecen sin respuesta suficiente.
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Los albergues también enfrentan limitaciones y requieren fortalecer sus servicios de información, talleres, revisiones médicas gratuitas y acompañamiento para orientar a las personas sobre cómo acceder al sistema de salud mexicano.
A ello se suma la necesidad de ampliar la atención en salud mental, especialmente para quienes han experimentado uno o varios tipos de violencia durante su origen, tránsito o destino.
Investigación plantea cambios en la atención pública
Como parte del proyecto, la investigadora elaboró un instrumento técnico con evidencia sobre las barreras burocráticas detectadas en Ciudad Ixtepec, incluida la exigencia de comprobar derechohabiencia para recibir atención médica.
El propósito es que los resultados contribuyan a reorientar las decisiones de las autoridades locales y a reducir las prácticas de exclusión en centros de salud y hospitales.
La Dra. Valeria Marina Valle subrayó que visibilizar estos obstáculos busca transformar las condiciones de acceso a los servicios públicos y garantizar que el derecho humano a la salud pueda ejercerse efectivamente.
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La investigación pone sobre la mesa una contradicción: las personas migrantes tienen reconocido el derecho a la salud, pero las condiciones administrativas y de atención pueden impedirles ejercerlo. Para mujeres y personas LGBTIQA+ en tránsito, esa brecha también representa un riesgo para su integridad, dignidad y salud sexual y reproductiva.
