Aprueban hasta 20 años de cárcel por reclutar personas para el crimen organizado
Ante la crisis de reclutamiento forzado para el crimen organizado en México, se aprobó una reforma que lo castiga con 20 años de cárcel.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma para castigar con hasta 20 años de prisión el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos para integrarse al crimen organizado.
La reforma modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas para establecer un tipo penal específico relacionado con el reclutamiento criminal, una práctica que puede involucrar engaños, amenazas, violencia, coacción o falsas ofertas de empleo.
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Penas mayores para casos de mayor vulnerabilidad
El dictamen establece que la pena podrá aumentar hasta 10 años adicionales cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean personas migrantes, o cuando quienes cometan el delito sean funcionarios públicos o exintegrantes de corporaciones de seguridad pública o de la Fuerza Armada permanente.
Durante la discusión, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) señaló que la ausencia de un delito específico había generado un vacío jurídico que dificultaba identificar, investigar y sancionar el reclutamiento criminal.
Explicó que estos casos podían terminar investigándose bajo figuras como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada, lo que podía fragmentar las investigaciones y diluir la conducta específica de quienes captan o incorporan personas a estructuras criminales.
Falsas ofertas de empleo, amenazas y redes sociales
El reclutamiento puede realizarse mediante falsas ofertas de trabajo, anuncios en redes sociales o impresos, además de amenazas, violencia y otras formas de coacción.
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El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) advirtió que detrás de cada joven reclutado existe una familia que enfrenta incertidumbre sobre su paradero y exigió mecanismos que permitan perseguir a quienes realizan estas prácticas y proteger a las personas reclutadas.
La reforma contempla especial atención cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, considerando factores como la forma en que fueron captados, las amenazas o violencia utilizadas y las condiciones de vulnerabilidad aprovechadas para incorporarlos a grupos criminales.
Advierten de menores reclutados desde los siete años
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que el problema afecta a entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, y afirmó que existen casos de niñas y niños de apenas siete años que son incorporados a actividades relacionadas con grupos criminales.
En el caso de Chihuahua, sostuvo que algunos menores son utilizados para actividades vinculadas con la siembra de amapola debido a sus conocimientos del territorio y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.
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La legisladora subrayó que estos menores son víctimas y no delincuentes, al considerar que en algunos casos enfrentan amenazas y violencia que los obligan a participar.
Con la aprobación de la reforma, la Cámara de Diputados busca que el reclutamiento forzado sea perseguido como un delito específico y que las personas menores de edad incorporadas a estructuras criminales sean reconocidas como víctimas de este fenómeno.
El dictamen deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de que las nuevas disposiciones puedan entrar en vigor.
