Lydia Cacho: desmienten prisión domiciliaria para el exgobernador de Puebla Mario Marín

Puebla

Para desmentir versiones sobre una posible liberación del exgobernador de Puebla, la periodista Lydia Cacho aclaró el avance del proceso penal de Mario Marín.

Tras circular reportes que señalaban la concesión de prisión domiciliaria a favor de Mario Marín Torres, el estado del proceso penal de Mario Marín confirma que el exmandatario continúa internado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” enfrentando su juicio por el delito de tortura.

De este modo, se precisó que no existe ninguna resolución oficial que ordene su excarcelación, por lo que el proceso penal se mantiene vigente.

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Antecedentes y origen de la investigación periodística

El origen de este expediente se remonta a 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén, investigación que documentó una red de pederastia y explotación sexual infantil con vínculos entre empresarios y servidores públicos. Tras la difusión de la obra, el empresario Kamel Nacif denunció a la autora por difamación en el estado de Puebla, lo que derivó en la detención de la periodista en Cancún por parte de agentes poblanos.

Durante el traslado terrestre hacia Puebla, la comunicadora denunció haber sufrido actos de tortura psicológica, amenazas e intimidación. Posteriormente, la difusión de llamadas telefónicas entre los involucrados dejó al descubierto la presunta confabulación institucional para castigar el ejercicio periodístico.

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Detención del exgobernador y relevancia para la libertad de prensa

A raíz de la intervención de organismos internacionales y de la Fiscalía General de la República, se libró la orden de aprehensión por tortura en contra de Marín Torres, ejecutada en Acapulco durante febrero de 2021. Desde entonces, el exfuncionario permanece bajo prisión preventiva procesado por el uso del aparato estatal en detrimento de la libertad de prensa.

Por lo tanto, la permanencia del acusado en el penal federal ratifica el seguimiento legal sobre una investigación emblemática para el periodismo mexicano.

En consecuencia, el proceso continúa como un referente obligatorio en la defensa de los derechos humanos y la protección a periodistas en el país.

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