Pueblos indígenas toma la palabra en Puebla y exigen acceso digno al agua
En un esfuerzo por combatir la discriminación histórica y abrir espacios formales de participación política, el programa “Las Lenguas Indígenas Toman la Tribuna desde el Congreso de Puebla” consolida una vía clave para visibilizar la riqueza de los pueblos originarios.
Este ejercicio democrático busca que las personas hablantes de lenguas maternas utilicen de forma directa el espacio del Poder Legislativo para dignificar la identidad pluricultural y multilingüe del estado.
Hasta el momento se han realizado tres intervenciones de representantes comunitarios en el pleno, y se anunció oficialmente que la cuarta participación para escuchar las demandas de los pueblos nativos tendrá lugar el próximo 25 de junio.
Llevar la diversidad lingüística a la máxima tribuna del estado significa abrir las puertas de forma concreta a la historia, el reconocimiento y la dignidad de las comunidades que han sido históricamente postergadas.
Esta labor legislativa, impulsada en la rueda de prensa por la diputada Esther Martínez Romano, busca colocar las deudas históricas con los pueblos indígenas en el centro del debate público.
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Garantizar el derecho al agua y proteger el territorio hídrico
A la par de la agenda de inclusión cultural, el trabajo en el Congreso poblano impulsa una iniciativa urgente para garantizar el acceso al mínimo vital de agua potable para familias que habitan en asentamientos vulnerables o con infraestructura deficiente.
La propuesta busca diseñar mecanismos efectivos de atención para poblaciones en condiciones de alta marginación que enfrentan trabas técnicas o legales para acreditar la propiedad de sus viviendas.
El objetivo central de la reforma es asegurar que ninguna persona quede excluida de un recurso natural que resulta indispensable para la salud, la alimentación y la higiene básica de las familias.
Asimismo, la agenda ambiental contempla fortalecer de manera estricta la vigilancia, aplicar auditorías y controlar las descargas de aguas residuales industriales y comerciales que contaminan los sistemas de drenaje y alcantarillado.
Ambas acciones comparten la misma meta: priorizar la dignidad de las personas en las decisiones de gobierno, protegiendo tanto los derechos humanos fundamentales como el territorio hídrico de la entidad.
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