Caso Vialidad: Argentina ratifica decomiso millonario a Cristina Kirchner
En Argentina autoridades decomisan 111 bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un caso que busco combatir la corrupción.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes en la causa “Vialidad”, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria.
La resolución respalda lo ordenado previamente por el Tribunal Oral Federal 2, que fijó el decomiso para cubrir un monto cercano a 685 mil millones de pesos (alrededor de 480 millones de dólares), cifra que la justicia considera como el perjuicio causado al Estado.
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Un mapa de bienes bajo la lupa
El fallo alcanza un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Kirchner, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el caso. En una primera etapa, se avanzará sobre unas 20 propiedades ligadas al entorno familiar de la exmandataria, mientras que más de 80 corresponden a Báez y a empresas relacionadas con la operatoria investigada.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas y validaron los criterios utilizados para identificar los bienes, subrayando que el objetivo del decomiso es recuperar activos vinculados a hechos de corrupción y evitar que los beneficios permanezcan en manos de los condenados.
Herencias bajo sospecha
Uno de los puntos más sensibles del fallo es que el decomiso puede extenderse a bienes transferidos a terceros, incluidos aquellos recibidos por herencia, al considerar que su origen ilícito no se modifica con el traspaso.
Sin embargo, la resolución incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien advirtió que en algunos casos no se analizaron con suficiente profundidad los planteamientos de las defensas, especialmente en bienes heredados por los hijos de la exmandataria, algunos de ellos adquiridos antes del periodo investigado.
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El peso de una causa emblemática
La causa “Vialidad” investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Kirchner (2007-2015) y de su esposo, Néstor Kirchner. La sentencia condenatoria quedó firme en junio de 2025, tras el aval de la Corte Suprema, habilitando tanto la ejecución de la pena como las medidas económicas.
Actualmente, la exmandataria, de 73 años, cumple prisión domiciliaria y enfrenta además otro juicio por corrupción, en el que se le señala como presunta pieza central de una red de sobornos vinculada a contratos de obra pública.
La defensa, encabezada por Gregorio Dalbón, ya anticipó una nueva ofensiva judicial: llevará el caso nuevamente ante la Corte Suprema, en un intento por frenar el decomiso.
El expediente sigue abierto, y con él, una disputa que no sólo se libra en tribunales, sino también en el terreno simbólico del poder, el patrimonio y la rendición de cuentas.
