Endurecen castigos por uso de celulares en cárceles y fraude educativo en Puebla
Puebla pone bajo la lupa el uso de celulares en cárceles del estado, así como en escuelas “patito” que se valen de ellos para fraude educativo.
En medio de preocupaciones por delitos que se gestan desde prisión y fraudes educativos, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó dos iniciativas que buscan endurecer sanciones en el Código Penal del Estado.
Contra los celulares en penales
El legislador planteó tipificar como delito la introducción y uso no autorizado de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, una práctica vinculada a extorsiones y fraudes operados desde cárceles.
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La propuesta contempla penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 UMA para quienes ingresen o utilicen teléfonos celulares o equipos con acceso a internet sin autorización.
En caso de que el delito sea cometido por personal penitenciario, las sanciones aumentarían a cuatro a ocho años de prisión, multas de hasta mil UMA, además de destitución e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos de seguridad pública.
El proyecto también prevé agravantes: si los dispositivos se utilizan para cometer extorsión o fraude, las penas podrían alcanzar hasta diez años de prisión, con castigos más severos si existe colusión de directivos penitenciarios.
Freno a instituciones educativas sin validez
En paralelo, el diputado propuso adicionar el artículo 407 Ter para sancionar el fraude de instituciones educativas que operen sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
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La iniciativa busca proteger a estudiantes de ofertas académicas irregulares y garantizar que la educación impartida cumpla con estándares legales y académicos.
Durante la presentación, José Miguel Trujillo de Ita señaló que ambas propuestas responden a problemáticas reales que impactan directamente a la ciudadanía, al tiempo que apuntan a fortalecer la seguridad, la legalidad y la protección de derechos en el estado.
