Deepfakes y grupos clandestinos: por qué la violencia digital de género es cada vez más difícil de combatir
Una fotografía puede bastar para fabricar una imagen sexual falsa, un archivo puede replicarse en segundos y un grupo privado puede reunir a cientos o miles de personas para intercambiarlo. En la era de los deepfakes, combatir la violencia digital de género enfrenta un problema que la ley y las instituciones persiguen a una velocidad mucho menor que la tecnología.
La violencia digital contra las mujeres ya no depende únicamente de obtener una fotografía o un video íntimo real. Las herramientas de inteligencia artificial permiten crear o manipular imágenes, audios y videos que parecen auténticos, incluso cuando la persona retratada nunca posó desnuda ni participó en el material.
Ese cambio tecnológico complica la prevención, la investigación y la sanción.
La advertencia no es menor. ONU Mujeres señala que 98 por ciento de los videos deepfake detectados en un análisis de 2023 eran pornográficos y 99 por ciento de ellos representaban a mujeres. La organización también advierte que, una vez publicado, el contenido puede ser guardado, copiado y redistribuido repetidamente, lo que vuelve extremadamente difícil eliminarlo por completo.
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El problema ya no es sólo crear el contenido: es detener su reproducción
Una de las mayores dificultades para combatir este tipo de violencia es la velocidad de replicación.
Una imagen puede publicarse en una red social, descargarse, compartirse en un grupo privado, reenviarse a otra plataforma y almacenarse en dispositivos personales. Aunque la publicación original sea eliminada, las copias pueden continuar circulando.
En los casos de difusión no consentida, la víctima enfrenta además una carga difícil de dimensionar: identificar dónde se encuentra el material y solicitar su retiro en cada sitio, cuenta o plataforma donde vuelva a aparecer.
ONU Mujeres ha advertido que los sistemas de denuncia de algunas plataformas pueden ser opacos, inconsistentes o lentos, mientras que las víctimas son quienes terminan enfrentando la tarea de rastrear las múltiples copias del contenido.
El problema se agrava cuando la distribución ocurre en grupos cerrados o espacios de acceso restringido, donde el contenido puede intercambiarse entre usuarios antes de que una plataforma o autoridad tenga conocimiento de su existencia.
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Deepfakes: cuando demostrar que algo es falso no detiene el daño
Los deepfakes introducen otra dificultad: la violencia puede comenzar sin que exista una imagen íntima original.
Una fotografía tomada de Facebook, Instagram, una cuenta profesional o cualquier otro espacio público puede convertirse en la materia prima para una manipulación sexualizada.
Una investigación académica publicada en 2025 identificó casi 35 mil variantes de modelos de deepfake disponibles públicamente para descarga, con cerca de 15 millones de descargas acumuladas desde noviembre de 2022. El estudio encontró que 96 por ciento de esos modelos tenía como objetivo a mujeres y que algunos podían entrenarse con tan sólo unas 20 imágenes.
Esto significa que la barrera técnica para generar contenido manipulado ha disminuido.
Pero existe otra dificultad: demostrar que una imagen es falsa no elimina automáticamente sus consecuencias.
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La víctima puede seguir enfrentando burlas, hostigamiento, amenazas, pérdida de privacidad o daño a su reputación, mientras intenta explicar que el material fue generado o alterado mediante inteligencia artificial.
En otras palabras, la falsedad del contenido no impide que la agresión sea real.
Anonimato, jurisdicciones y pruebas que desaparecen
Identificar a quien crea o distribuye el material también puede convertirse en un proceso complejo.
Las personas agresoras pueden utilizar perfiles falsos, servicios de anonimato o plataformas ubicadas en otras jurisdicciones, mientras que los archivos y las cuentas pueden desaparecer antes de que las autoridades logren preservar la evidencia.
ONU Mujeres identifica entre los principales obstáculos la necesidad de contar con especialistas en análisis forense digital, cooperación entre países y colaboración de las plataformas. También advierte que las investigaciones pueden frenarse porque el contenido desaparece rápidamente, los responsables permanecen ocultos y los procesos de obtención de datos no avanzan al mismo ritmo que la difusión.
Esto genera una paradoja: la víctima puede ver cómo el daño ocurre en tiempo real, mientras demostrar quién lo inició puede tomar meses o incluso resultar imposible.
Los grupos de distribución multiplican el alcance
La existencia de comunidades digitales donde hombres intercambian imágenes íntimas o sexualizadas de mujeres sin consentimiento añade una dimensión colectiva al problema.
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No se trata únicamente de una persona que agrede y otra que recibe el daño. En estos espacios, cada descarga, reenvío o nueva publicación puede ampliar la circulación del material.
Investigaciones periodísticas y casos documentados en distintos países han evidenciado la presencia de grupos en plataformas y servicios de mensajería donde se comparten fotografías y videos de parejas, exparejas, amigas y otras mujeres sin que ellas tengan conocimiento de esa distribución. El fenómeno también se ha extendido a materiales creados artificialmente mediante herramientas de inteligencia artificial.
La dificultad aumenta porque estos grupos pueden cerrarse, migrar o reaparecer con otros nombres, mientras el contenido ya descargado continúa circulando fuera del espacio original.
La ley avanza, pero la tecnología cambia más rápido
En México, la violación a la intimidad sexual está reconocida en el Código Penal Federal desde 2021. El artículo 199 Octies sanciona la divulgación, distribución o publicación de imágenes, videos o audios íntimos sexuales sin consentimiento, así como la elaboración de este tipo de contenidos sin autorización.
Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial ha abierto nuevos debates sobre la necesidad de que la legislación nombre de manera expresa la creación y manipulación de contenido sexual falso mediante IA.
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Durante 2025 y 2026 se han presentado diversas iniciativas en la Cámara de Diputados para incorporar de forma más específica los deepfakes y otras tecnologías de inteligencia artificial a las disposiciones sobre violación a la intimidad sexual. El hecho de que existan propuestas de reforma muestra que el marco jurídico sigue intentando adaptarse a tecnologías que evolucionan rápidamente.
A nivel internacional, ONU Mujeres advierte que menos de la mitad de los países cuentan con leyes que aborden el abuso en línea y que una proporción importante de las mujeres y niñas del mundo carece de protección legal frente a distintas formas de violencia digital.
México ya enfrenta una violencia digital masiva
El problema tampoco puede considerarse marginal.
De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2024 del INEGI, 21 por ciento de las personas de 12 años y más usuarias de internet en México experimentó alguna situación de ciberacoso, equivalente a 18.9 millones de personas.
Entre las mujeres usuarias de internet, la proporción fue de 22.2 por ciento, por encima del 19.6 por ciento registrado entre los hombres. Entre las situaciones reportadas se encuentran el contacto mediante identidades falsas, los mensajes ofensivos y las llamadas ofensivas.
Estos datos no significan que todos los casos sean violencia digital de género o involucren deepfakes, pero sí muestran la magnitud de un entorno digital donde el acoso y las agresiones ya afectan a millones de personas.
La denuncia también puede convertirse en otra barrera
Combatir esta violencia no depende únicamente de que exista una ley.
Las víctimas pueden enfrentar el temor a la exposición pública, la vergüenza, la revictimización y la necesidad de mostrar repetidamente el material ante autoridades, abogados o moderadores de plataformas.
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ONU Mujeres advierte que muchas sobrevivientes enfrentan procesos en los que su credibilidad puede ser cuestionada y en los que deben volver a describir o revisar contenido sexualizado que nunca consintieron. Esa experiencia puede desalentar la denuncia y dejar a las personas responsables sin identificar.
Por eso, el reto no se limita a perseguir a quien presiona un botón para crear una imagen falsa.
Combatir la violencia digital de género en la era de los deepfakes exige investigar quién crea el material, quién lo distribuye, cómo se organizan los grupos que lo intercambian y cómo detener una circulación que puede multiplicarse antes de que llegue la primera denuncia.
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