Publican en náhuatl la sentencia contra México por el caso Ernestina Ascencio

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9 julio, 2026 Deuda, Gobierno, igualdad, impunidad, justicia, Lenguas, Mejoras, Responsables, silencio, Victima 3 min read

A casi seis meses de que el Gobierno de México reconociera formalmente su responsabilidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario, la Secretaría de Gobernación ordenó la publicación oficial del resumen de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El texto, difundido el pasado 24 de junio de 2026 tanto en español como en náhuatl, busca honrar la identidad cultural y lingüística de la víctima, marcando en la visibilización de la violencia de género y étnica que enfrentan las mujeres indígenas en el país.

Ernestina Ascencio, una mujer indígena náhuatl de 73 años y habitante de la Sierra de Zongolica, Veracruz, fue víctima de violación sexual y tortura por parte de elementos del Ejército Mexicano en febrero de 2007. Durante casi dos décadas, el Estado sostuvo una versión oficial que atribuía su fallecimiento a una “gastritis crónica no atendida”, una narrativa de impunidad cobijada desde la presidencia de Felipe Calderón que hoy, finalmente, comienza a desmoronarse con las acciones oficiales de reparación.

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18 años de verdades distorsionadas y fallas institucionales

La tragedia que originó este histórico fallo internacional ocurrió el 25 de febrero de 2007, apenas un día después de que se instalara un campamento militar cerca de la vivienda de la víctima en la comunidad de Tetlalzinga. De acuerdo con los testimonios de sus hijos, Ernestina fue localizada gravemente herida a escasos 300 metros de la base militar. A pesar de los esfuerzos de su familia por trasladarla de urgencia, el Hospital Regional de Río Blanco no contaba con intérpretes en su lengua materna, lo que impidió una comunicación efectiva y derivó en una atención médica inadecuada que culminó en su muerte el 26 de febrero.

La cadena de impunidad continuó cuando la Fiscalía de Justicia Militar archivó de manera prematura el caso y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó la polémica versión médica oficial. No fue sino hasta 2021 que la propia CNDH rectificó sus omisiones pasadas y emitió una nueva recomendación, admitiendo que Ernestina fue agredida sexualmente por agentes del Estado y que falleció a consecuencia de las deficiencias del sistema de salud pública.

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Una ruta hacia la justicia

El cambio definitivo del caso ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la condena contra el Estado mexicano, determinando que la violación sexual perpetrada por los militares constituyó un acto de tortura intencional destinado a humillar y degradar a la víctima. Ante la contundencia del fallo internacional, la Secretaría de Gobernación admitió su responsabilidad a través de un comunicado el 16 de diciembre de ese mismo año.

La actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ratificó el compromiso de dar cumplimiento total a las medidas de reparación dictadas por el tribunal interamericano. Estas disposiciones van más allá de la difusión de la sentencia e incluyen:

Justicia Penal: Conducir un proceso penal serio y en un plazo razonable para identificar, procesar y sancionar a los militares implicados.

Salud y Apoyo: Brindar tratamiento médico y psicológico integral y gratuito a los hijos de Ernestina, así como el fortalecimiento del Centro de atención especializada de Soledad Atzompa.

Educación: Otorgar becas de estudio en instituciones públicas para las y los nietos de la víctima.

Garantías de no repetición: Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y crear un Registro Nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas para los sistemas de justicia y salud del país.

Aunque las autoridades federales han manifestado su total disposición para solventar la deuda histórica con la familia de Ernestina Ascencio, reconocieron que la implementación de estas medidas estructurales implicará procesos largos y complejos que requieren supervisión internacional continua, por lo que la sociedad civil y los organismos de derechos humanos mantienen la atención sobre el desarrollo del caso.