No fue exceso, fue sobrevivencia: Puebla propone cambiar cómo se juzga la legítima defensa
La legítima defensa continúa en debate público por quienes son sentenciadas al sobrevivir a un ataque, en Puebla buscan se considere la perspectiva de género.
Diputadas del Congreso de Puebla presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y establecer que los casos de legítima defensa relacionados con contextos de violencia familiar o de género sean analizados con perspectiva de género y enfoque contextual.
La propuesta fue impulsada por las legisladoras Esther Martínez Romano, Xel Arianna Hernández García, Susana del Carmen Riestra Piña, Norma Estela Pimentel Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Fernanda de la Barreda Angon y María Soledad Amieva Zamora.
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¿Qué se considera?
La iniciativa contempla reformar el artículo 27 y adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de que las autoridades valoren las circunstancias de violencia que pudieron influir en la reacción de una persona que actuó en defensa propia.
Entre los elementos que deberán considerarse destacan antecedentes de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, digital o vicaria, así como condiciones de subordinación, amenazas, control, aislamiento, desigualdad de poder o vulnerabilidad ejercidas por la persona agresora.
La propuesta también plantea tomar en cuenta factores como el miedo intenso, terror, confusión o alteración psicoemocional derivados de la violencia sufrida, además de posibles riesgos reales o agresiones inminentes en contextos de violencia reiterada.
Otro de los puntos relevantes es que la ausencia de denuncias previas, medidas de protección o registros institucionales no impediría valorar el contexto de violencia durante el proceso judicial.
En tribuna, la diputada Esther Martínez Romano señaló que la iniciativa no busca justificar cualquier conducta ni eliminar automáticamente la responsabilidad penal, sino evitar que una persona sea juzgada sin analizar las condiciones reales en las que actuó.
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“No se trata de justificar cualquier conducta, se trata de evitar que una persona sea juzgada sin que se conozcan las condiciones reales en las que pudo haber actuado”, expresó la legisladora.
La propuesta surge en medio de discusiones nacionales sobre el tratamiento judicial de mujeres que enfrentan procesos penales tras reaccionar ante situaciones de violencia de género o violencia familiar.
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