Deudores alimentarios: entra en vigor registro público en Hidalgo
En Hidalgo entró en vigor la reforma que ordena la publicación del registro de deudores alimentarios morosos, una medida que busca presionar el cumplimiento de la pensión alimenticia y poner en el centro el interés superior de la niñez.
La modificación a la Ley para la Familia, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), establece que las autoridades estatales deberán hacer público este listado, respetando las normas de protección de datos personales.
El decreto señala que una persona podrá ser incorporada al registro tras 90 días naturales de incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma consecutiva o discontinua en un año.
¿Quién entra al registro?
La reforma precisa que será considerada deudora o deudor alimentario moroso toda persona obligada al pago de pensión mediante sentencia firme o convenio ratificado ante juez, que no cumpla con la obligación durante el periodo establecido.
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Sólo quedarán fuera quienes acrediten estar al corriente, liquiden la deuda o formalicen el descuento correspondiente.
Si el incumplimiento no se desvirtúa, el juez de lo familiar ordenará de inmediato la inscripción en el registro, el cual será público, conforme a la legislación vigente en materia de datos personales.
Sin embargo, todavía está pendiente que el Congreso local avale la propuesta para que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo sea quien administre y alimente el registro.
La importancia de la reforma
El argumento central es garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y social. La iniciativa subraya que las infancias tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, y que este principio debe guiar las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En 2023 se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo es concentrar información de deudores en todo el país. Dicho registro es público y está sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que las entidades federativas deben suministrar y actualizar la información a través del sistema del DIF nacional.
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Para los legisladores locales, la publicidad del registro es una medida adecuada y proporcional para proteger el derecho de alimentos, homologando criterios con la normativa federal y reforzando la exigencia de que quienes tienen una responsabilidad legal con las infancias cumplan con su deber.
