Sobrevivir no es justicia: la vida después de la mutilación genital femenina
Para millones de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina (MGF) no termina el día del corte; la herida continúa en forma de trauma, silencio, complicaciones de salud y exclusión social, mientras la justicia rara vez alcanza a reparar el daño.
En Kenya, donde la MGF está prohibida desde hace más de una década, las supervivientes advierten que la ley no basta. “Es importante llevar a los perpetradores ante la justicia, pero ¿quién apoya la sanación y el futuro de la niña?”, cuestiona Catherine Mootian, superviviente y directora de la organización AfyAfrica.
Mootian fue mutilada a los 12 años en la comunidad masái. Recuerda la madrugada en que fue sorprendida junto a su hermana. Lo que siguió no fue solo el procedimiento, sino décadas de vergüenza, miedo y autocensura. “El trauma sigue ahí, bajo la superficie”, afirma.
La presión social que mantiene viva la práctica
Aunque ilegal, la MGF persiste en comunidades donde el matrimonio define la supervivencia económica y social. Negarse puede significar exclusión, pérdida de protección y rechazo comunitario.
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Para Tony Mwebia, director de Men End FGM, el papel de los hombres es determinante. “No son espectadores. Deciden qué es aceptable. Si esperan que se mutile a las mujeres, la práctica continuará aunque sea ilegal”, sostiene.
Muchos jóvenes dicen oponerse, pero callan cuando llega el momento del matrimonio. “El silencio se convierte en anuencia”, advierte.
Consecuencias para toda la vida
Las secuelas físicas incluyen complicaciones en el parto, abortos espontáneos y cesáreas forzadas. Las emocionales pueden reaparecer años después, en relaciones o durante la maternidad.
Un estudio realizado en 2023 en 15 países estimó que cada 12 minutos muere una niña a causa de la MGF, debido a complicaciones inmediatas o de largo plazo. La práctica constituye una violación de los derechos humanos y una emergencia de salud pública.
En el condado donde trabaja AfyAfrica, explica Mootian, hay más de 500 supervivientes y solo tres psicólogos del gobierno, lo que evidencia la brecha entre prohibición legal y acceso real a apoyo.
Cuando la ley también está en riesgo
El caso de Gambia muestra la fragilidad de los avances. Aunque la MGF es ilegal desde 2015, en 2024 legisladores intentaron revertir la prohibición. En enero de 2026, líderes religiosos y un diputado presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo para anularla, alegando motivos constitucionales y religiosos. El proceso sigue en curso.
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Si la prohibición se revocara, las mujeres perderían la base legal para denunciar abusos y exigir protección. El mensaje sería claro: la ley dejaría de estar de su lado.
Sanar también es justicia
Para Mootian, la justicia no se limita al castigo penal. Implica financiar apoyo psicológico, protección, educación y recuperación. “Las leyes importan, pero sin recursos sostenidos las supervivientes cargan solas con las consecuencias”, subraya.
En comunidades donde la presión social aún pesa más que la prohibición, el cambio también pasa por romper el silencio. Cuando hombres y mujeres rechazan públicamente la práctica, se abre un margen para que las niñas puedan decir no sin ser castigadas.
Sobrevivir a la MGF no es el final de la historia. Es el inicio de otra lucha: la de recuperar el cuerpo, la voz y el derecho a una vida libre de violencia.
