Tennessee, EU, abre propuesta para ejecutar a mujeres por abortar
Lo que hasta hace pocos años parecía un extremo retórico hoy está registrado como texto legislativo en Estados Unidos. El 23 de febrero de 2026, legisladores republicanos de Tennessee presentaron la enmienda HB0570/SB738, una propuesta que busca reclasificar el aborto como “homicidio de un niño no nacido” y abrir la puerta a cadena perpetua o incluso pena de muerte por inyección letal.
La iniciativa fue impulsada por el representante Jody Barrett, el senador Mark Pody y cuenta con el respaldo, entre otros, del representante Monty Fritts, aspirante a la gubernatura estatal.
No se trata de una declaración en redes sociales. Es una propuesta formal ingresada en el Capitolio estatal y actualmente en revisión en comité.
Un giro tras la caída de Roe
Desde agosto de 2022, tras la firma del gobernador Bill Lee, el aborto en Tennessee está prohibido desde la fecundación, con excepciones limitadas. Ese endurecimiento fue posible después de que la Supreme Court of the United States revocara en junio de 2022 la protección federal al aborto al anular el precedente de Roe v. Wade.
CONTINÚA LEYENDO: Israel bombardea escuela de niñas en Irán: suman 85 personas sin vida
Cuatro años después de aquella decisión, el debate ha escalado: de restringir el acceso a equiparar aborto con asesinato, y de ahí a plantear la ejecución de mujeres y personas gestantes.
La enmienda de Tennessee contempla excepciones muy limitadas, como aborto espontáneo o intervenciones estrictamente necesarias para salvar la vida de la madre. Fuera de esos supuestos, la conducta podría ser tratada como homicidio.
No es un caso aislado
En Texas, plataformas republicanas han respaldado el principio de “igual protección”, que equipara aborto y asesinato, lo que abre la posibilidad de cadena perpetua o pena capital. En South Carolina, un proyecto similar llegó a reunir más de 20 votos republicanos antes de fracasar en el proceso legislativo.
El fenómeno no se limita a un estado. En más de una docena se han introducido iniciativas que buscan ampliar la penalización hasta alcanzar a las propias pacientes, no solo al personal médico.
Impacto sanitario y clima de miedo
Diversas investigaciones periodísticas y médicas han documentado muertes vinculadas a la imposibilidad de acceder a abortos legales en estados como Texas y Georgia. La combinación de excepciones ambiguas, temor a represalias penales y hospitales que retrasan intervenciones por riesgo jurídico ha generado escenarios donde la atención médica queda condicionada por el miedo.
TE PUEDE INTERESAR: La independencia económica: clave para la autonomía de las mujeres en México
En Tennessee, además, la discusión se produce en un entorno donde leyes como la llamada Medical Ethics Defense Act han sido señaladas por permitir que convicciones religiosas influyan en la prestación de servicios sanitarios.
Del debate moral al castigo penal
La propuesta ha sido defendida públicamente con argumentos que equiparan el uso de pastillas abortivas con actos homicidas. Para organizaciones religiosas como la Southern Baptist Convention, estas iniciativas representan coherencia doctrinal. Para organizaciones de derechos reproductivos, en cambio, constituyen un salto cualitativo hacia la criminalización extrema.
El desplazamiento es claro: de la regulación al castigo ejemplarizante. Lo que antes se centraba en limitar clínicas ahora apunta a perseguir y condenar a las pacientes.
En un país donde el derecho al aborto fue reconocido en 1973 y desmantelado en 2022, la línea temporal muestra una transformación acelerada. La discusión en Tennessee no es solo jurídica; redefine los límites de hasta dónde puede llegar el poder punitivo del Estado en nombre de una convicción moral.
CONTINÚA LEYENDO: SCJN frena aborto forzado en mujeres con discapacidad en Sinaloa
Cuando un parlamento debate si corresponde aplicar inyección letal por interrumpir un embarazo, el eje deja de ser exclusivamente sanitario, la pregunta pasa a ser qué lugar ocupa la autonomía personal dentro del marco legal y hasta dónde puede extenderse la potestad estatal sobre la vida y la muerte.
