Mujeres transforman la violencia digital en lucha por justicia en México y Bolivia
La violencia digital contra las mujeres crece en América Latina y se ha convertido en una extensión del hostigamiento que muchas enfrentan fuera de la pantalla. Para políticas, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, el abuso en línea no es solo un ataque virtual: es una herramienta que busca intimidar, silenciar y expulsarlas de la vida pública.
Un estudio de ONU Mujeres de 2023 reveló que la mitad de las mujeres consultadas en la región había sufrido amenazas, agresiones en espacios públicos o la difusión de imágenes para acosarlas. La amenaza de violación apareció como la forma más recurrente de intimidación física vinculada al entorno digital. Muchas describieron este escenario como parte de “las reglas del juego” en la política y el periodismo.
Sin embargo, lejos de aceptar esas reglas, sobrevivientes en países como México y Bolivia han impulsado reformas legales, herramientas tecnológicas y estrategias de documentación para exigir responsabilidades.
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México: del agravio personal a la Ley Olimpia
En México, más de 10 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años usuarias de internet fueron víctimas de ciberacoso en 2024, según datos del INEGI. Entre las voces más visibles está la de Olimpia Coral Melo, quien en 2013 fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo. Cuando intentó denunciar, las autoridades le dijeron que no existía delito.
A partir de ese vacío legal surgió un movimiento que logró reformar el Código Penal y reconocer la violencia digital de género. La llamada Ley Olimpia convirtió en delito la producción, difusión o almacenamiento de contenido íntimo sin consentimiento y marcó un precedente regional.
La periodista deportiva Marion Reimers también enfrentó campañas de acoso coordinado en redes sociales tras denunciar el sexismo en el deporte. Las agresiones digitales impactaron su salud mental y sus oportunidades laborales. Ambas experiencias evidenciaron la falta de protocolos y capacitación institucional para abordar estos delitos.
Hoy, México impulsa un Observatorio de Violencia Digital para monitorear tendencias y ha desarrollado “OlimpiA”, una herramienta de inteligencia artificial diseñada por sobrevivientes que brinda apoyo en 30 idiomas, las 24 horas. Con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ONU Mujeres colabora en la construcción de una respuesta nacional que incluye la campaña “Es real. #EsViolenciaDigital” y la creación de un observatorio con participación de sociedad civil y colectivos feministas.
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Especialistas advierten que el reto ahora es consolidar capacidades técnicas en fiscalías y tribunales, así como exigir mayor responsabilidad a plataformas tecnológicas en la moderación de contenidos.
Bolivia: datos para nombrar la violencia
En Bolivia, la activista Grecia Tardío documenta la violencia política digital contra las mujeres a través de La Lupa Digital y el proyecto “Conectadas y libres de violencia” de ONU Mujeres. Su propia cuenta fue hackeada, perdiendo años de información, en un episodio que evidenció la fragilidad de los entornos digitales.
Bolivia aún no cuenta con una legislación específica sobre derechos y delitos digitales. Las bajas tasas de condena y la escasa capacitación técnica en el sistema judicial alimentan la impunidad. Para Tardío, nombrar la violencia es el primer paso para enfrentarla: lo que no se reconoce, no se sanciona.
En 2024, ONU Mujeres lanzó en el país un programa para fortalecer la seguridad digital con enfoque de género. La iniciativa produjo la primera encuesta nacional sobre experiencias digitales de las mujeres, capacitó a más de 500 funcionarios y estableció rutas de denuncia más claras.
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Democracia y participación en riesgo
El trasfondo es más amplio que la seguridad en redes sociales. Cuando las mujeres son silenciadas mediante amenazas, campañas de desprestigio o manipulación de imágenes —incluidos deepfakes— se limita su libertad de expresión y se debilita la participación democrática.
De México a Bolivia, las sobrevivientes han convertido experiencias personales en reformas legales, herramientas de apoyo y redes de solidaridad. La lucha contra la violencia digital ya no se libra solo en tribunales o plataformas, sino en el terreno de los derechos humanos y la democracia misma.
