Defensoras llevan denuncias y cifras de violencia a relatora de la ONU en México
En el marco del Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, realizado en la Cámara de Diputados, defensoras de derechos humanos, sobrevivientes y organizaciones civiles entregaron informes a Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la Naciones Unidas, en los que expusieron evaluaciones, denuncias y propuestas sobre la situación que enfrentan las mujeres en México.
El encuentro reunió a 199 organizaciones de la sociedad civil y 371 participantes, quienes abordaron problemáticas como feminicidios, desapariciones, trata de personas, prostitución, violencia vicaria y violencia institucional, entre otras expresiones de violencia estructural.
Entre las participantes destacaron Patricia Olamendi Torres, Xóchitl Arzola Vargas, Ivonne de la Cruz Domínguez, María Alberti Manzanares y Alma Margarita Oseguera, quienes coincidieron en señalar que la violencia contra las mujeres requiere respuestas integrales, coordinadas y con enfoque de derechos humanos.
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La relatora explicó que su presencia en México se trató de una visita no oficial con enfoque académico, lo que limita su alcance en comparación con misiones formales que derivan en recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Aun así, escuchó testimonios y recibió documentación sobre los distintos escenarios de violencia.
Feminicidio e impunidad persistente
Uno de los temas centrales fue la violencia feminicida, descrita como la expresión más extrema de violencia estructural contra las mujeres. La diputada Xóchitl Arzola Vargas señaló que, pese a su tipificación en el Código Penal Federal en 2012, el delito ha evolucionado y requiere ampliar agravantes y mecanismos de prevención.
Desde la organización Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C., se denunciaron obstáculos en el acceso a la justicia como aplazamientos de audiencias, reinicio de procesos, liberación de agresores por fallas técnicas y falta de reconocimiento a víctimas indirectas, situaciones que fueron calificadas como tortura institucional.
La periodista Soledad Jarquín Edgar advirtió que persiste una impunidad del 56.6%, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, lo que implica que una proporción significativa de asesinatos violentos contra mujeres no recibe sanción.
Alertas de género bajo cuestionamiento
Académicas y activistas señalaron que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género ha contribuido a visibilizar el problema, pero enfrenta falta de recursos, vacíos legales y ausencia de transparencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre su eficacia.
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Organizaciones denunciaron que la desaparición de instancias federales de seguimiento ha generado incertidumbre sobre la aplicación de medidas y exigieron que colectivos solicitantes participen en los procesos de implementación.
Violencia vicaria y procesos judiciales
Representantes de colectivas señalaron que la violencia vicaria debe ser reconocida internacionalmente como una forma de violencia machista y una posible antesala del feminicidio. También denunciaron que procesos de custodia y divorcio suelen convertirse en mecanismos de desgaste económico y emocional para las mujeres.
Datos expuestos durante el encuentro señalaron que los juicios relacionados con estos casos pueden durar hasta cuatro años o más, con costos que oscilan entre 10 mil y 200 mil pesos, en un contexto donde se estima un 90% de impunidad en procesos legales, lo que desalienta la denuncia.
Trata, explotación sexual y desapariciones
Organizaciones feministas alertaron sobre patrones de trata de personas, violencia sexual y desapariciones, especialmente contra niñas y adolescentes en entidades del sureste del país. También se denunció que la falta de coordinación entre fiscalías impide vincular delitos como trata, desaparición y feminicidio, lo que fue señalado como una falla institucional.
Violencia contra mujeres periodistas
La directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C., Cirenia Celestino Ortega, expuso que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se documentaron mil 189 agresiones contra mujeres periodistas, lo que representó un aumento del 117% respecto al sexenio anterior.
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Añadió que durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ya se han registrado 416 agresiones, que incluyen violencia psicológica, física, digital, simbólica e institucional, además de condiciones laborales precarias que afectan el ejercicio periodístico.
Por su parte, la periodista Sara Lovera propuso impulsar acciones para modificar contenidos mediáticos que perpetúan la mercantilización del cuerpo de las mujeres, además de promover compromisos dentro de la industria cultural.
El encuentro concluyó con la entrega de informes y propuestas dirigidas a visibilizar la situación que enfrentan mujeres y niñas en México, en un esfuerzo por colocar el tema en la agenda internacional y fortalecer mecanismos de prevención, atención y justicia.
Con información de Cimac
