Crece 200 % la demanda de intérpretes indígenas en EU
La demanda de servicios de interpretación para migrantes indígenas oaxaqueños en Estados Unidos creció casi 200 por ciento en los últimos dos años, de acuerdo con registros de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales de Oaxaca, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, mayor número de detenciones y audiencias realizadas en idiomas ajenos a las personas migrantes.
El fenómeno expone una problemática estructural: personas indígenas monolingües —o con dominio limitado del español— enfrentan procesos migratorios, judiciales y de salud sin comprender lo que ocurre, lo que deriva en violaciones a derechos lingüísticos y derechos humanos, desde la imposibilidad de solicitar asilo, hasta errores en procedimientos médicos o legales.
Oaxaca concentra una de las realidades lingüísticas más complejas del país. Es la entidad con mayor número de hablantes de lengua indígena, con 1.2 millones de personas, 16 pueblos originarios y 177 variantes lingüísticas. Sin embargo, las políticas públicas de interpretación y traducción han sido insuficientes, sin una institución responsable ni presupuestos estables, incluso en ámbitos críticos como justicia, salud y migración.
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En Estados Unidos, la situación se agrava. Las personas migrantes indígenas llegan con un conocimiento básico o nulo del español y se enfrentan a audiencias, interrogatorios y trámites completamente en inglés, particularmente en procesos de deportación, solicitudes de asilo y emergencias médicas. En muchos casos, son juzgadas o detenidas sin entender cargos, derechos o consecuencias.
Ante este vacío, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales de Oaxaca, creada en 2019, ha documentado y atendido más de 2 mil 800 servicios de interpretación remota en Estados Unidos, principalmente en audiencias migratorias, casos de violencia, atención médica urgente y acompañamiento a infancias no acompañadas. La modalidad a distancia —vía telefónica o videoconferencia— exige una formación especializada y coordinación entre intérpretes de inglés-español y español-lengua indígena, en un esquema conocido como interpretación por relevos.
El trabajo de la Red también ha evidenciado la desigualdad en la valoración de la labor de interpretación. Mientras que en Oaxaca los pagos suelen ser precarios, sin viáticos y con topes mínimos por audiencia, en Estados Unidos el servicio se reconoce por hora, lo que ha permitido avanzar en la dignificación profesional. Esta diferencia ha puesto sobre la mesa el concepto de “justicia lingüística”, basado en tres ejes: derecho a comunicarse en la lengua propia ante el Estado, acceso a información oficial en múltiples idiomas y pago justo a las personas intérpretes, sin distinción por el tipo de lengua.
El crecimiento de la demanda está directamente relacionado con el aumento de operativos migratorios, redadas en zonas agrícolas y comerciales, y una mayor presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha multiplicado las audiencias y solicitudes de acompañamiento lingüístico. Actualmente, la Red atiende entre dos y tres servicios diarios vinculados a estos procesos.
Además de la atención directa, el colectivo ha desarrollado modelos de formación, manuales especializados y procesos de investigación y documentación para evidenciar cómo la falta de interpretación deriva en detenciones arbitrarias, retrasos en procesos de asilo, criminalización y negligencia médica. Hoy cuenta con más de 300 intérpretes de lenguas indígenas, con formación en derechos humanos, perspectiva de género, salud, justicia y derechos de las infancias.
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Frente a la disminución de recursos para la sociedad civil y la falta de respuesta institucional, la Red lanzó la campaña “Sin intérprete no hay justicia”, con el objetivo de recaudar fondos, visibilizar el problema y sostener su operación. La iniciativa busca colocar en la agenda pública una realidad frecuentemente ignorada: la lengua sigue siendo una frontera invisible, capaz de definir si una persona accede a la libertad o la detención, a la protección internacional o la deportación, a la atención médica o el abandono.
En un escenario migratorio cada vez más restrictivo, la interpretación en lenguas indígenas se ha convertido en un factor determinante para la vida, la libertad y la dignidad de miles de personas. La ausencia de políticas sólidas en esta materia no solo profundiza la exclusión, sino que confirma que, para amplios sectores, la justicia sigue hablándose en un idioma que no entienden.
