Corte IDH sentencia al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio: 18 años de impunidad
A 18 años de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano como responsable internacional por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurridas en 2007 en Veracruz.
De acuerdo con la sentencia notificada este martes, el Tribunal internacional acreditó que Ernestina Ascencio Rosario, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra Zongolica, fue víctima de violencia sexual perpetrada por integrantes del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, un día después de que se instalara un campamento militar cerca de su vivienda.
La Corte fue contundente: determinó que la violación sexual constituyó un acto de tortura, al haber sido intencional, causar graves sufrimientos físicos y mentales y tener como finalidad intimidar, humillar, degradar y controlar a la víctima. Las lesiones graves, sumadas a la falta de atención médica oportuna, derivaron en la muerte de Ernestina el 26 de febrero de 2007, en el Hospital Regional de Río Blanco, antes de que pudiera ser intervenida quirúrgicamente.
CONTINÚA LEYENDO: Trabajadoras sexuales: vivir y trabajar en un entorno de violencia
El fallo también expone fallas estructurales del sistema de justicia y de salud. La Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a la salud, al no garantizar una atención accesible, disponible y de calidad, y subrayó la ausencia de intérpretes de náhuatl, lo que impidió una comunicación efectiva durante la atención médica.
En materia de justicia, la sentencia señala que la investigación no incorporó perspectiva de género, étnica ni etaria, fue cerrada prematuramente y estuvo permeada por estereotipos que desacreditaron el testimonio de la víctima y de su familia. Estos prejuicios, indicó la Corte, fueron replicados por altas autoridades del Gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, generando un clima de descreimiento y revictimización.
Como medidas de reparación, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano realizar una investigación penal exhaustiva y seria para identificar, procesar y sancionar a los responsables; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa; y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
El caso de Ernestina Ascencio Rosario se convierte así en un precedente histórico que expone la violencia contra mujeres indígenas, la impunidad y la deuda del Estado mexicano con el acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos y de género.
