Cuando el paraíso se vuelve mercado: turismo sexual
El turismo sexual es, en términos simples, el viaje planificado con el propósito principal de obtener servicios sexuales, que puede involucrar desde trabajo sexual consentido hasta delitos graves como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Cuando la víctima es menor o está forzada, hablamos específicamente de explotación sexual de menores y de trata de personas con fines de explotación sexual.
Estas definiciones y el vínculo con el turismo están documentadas por organizaciones como ECPAT y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
México en un foco
Investigaciones académicas y reportes de organizaciones señalan que el fenómeno tiende a localizarse en destinos de sol y playa y en ciudades fronterizas, donde la afluencia masiva de turistas y las asimetrías socioeconómicas facilitan redes de explotación.
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Entre los lugares que aparecen con más frecuencia en estudios y reportes están Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, y ciudades de la frontera norte como Tijuana y Ciudad Juárez.
Estas zonas concentran no sólo oferta turística masiva, sino también vulnerabilidades (pobreza, migración interna y presencia de economías informales) que los tratantes y explotadores aprovechan.
Pedofilia y explotación de niñas, niños y adolescentes
Organizaciones alertan que existe una modalidad particular llamada child sex tourism (turismo sexual infantil), en la cual viajantes buscan activamente relaciones sexuales con menores.
México ha sido documentado como destino para este delito en informes de ONG y agencias internacionales: el fenómeno no es homogéneo, pero se ha detectado en centros turísticos y en circuitos donde hay “zona de tolerancia” o trabajo sexual informal. L
os informes de ECPAT han investigado casos y patrones en destinos turísticos mexicanos y recomiendan medidas de prevención dirigidas a la industria del turismo.
La trata de personas para explotación sexual es un delito que en México opera en múltiples direcciones: víctimas mexicanas explotadas dentro del país, víctimas trasladadas al extranjero y, en algunos casos, personas traficadas desde otros países hacia México.
El Informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos (TIP Report) y reportes de organizaciones mexicanas documentan que México es país origen, tránsito y destino de víctimas, y que la explotación sexual constituye una parte sustancial de ese fenómeno.
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En 2023–2024 los informes oficiales y de ONG resaltaron la identificación de cientos de víctimas y la persistencia de redes que se apoyan en corrupción y explotación de vulnerabilidades.
Dimensionar el problema
ECPAT y estudios académicos destacan que el turismo sexual infantil y la explotación sexual existen en México desde hace décadas y persisten pese a avances legales y operativos.
El TIP Report identifica múltiples formas de explotación y recoge cifras oficiales sobre víctimas identificadas y pasos que ha dado el Estado mexicano para enfrentar el problema (investigaciones, detenciones, asistencia a víctimas), aunque también señala vacíos en prevención y protección.
No toda actividad sexual en un destino turístico es delito; sin embargo, cuando hay menores o coerción, la ley penaliza y debe investigarse. En México la explotación sexual de menores es ilegal y las redes que la promueven suelen disfrazarse bajo apariencia de “turismo” o actividades de ocio.
¿Soluciones?
Algunas de las propuestas para solucionar el turismo sexual con medidas concretas son: la capacitación a personal del sector turístico (hoteles, aerolíneas, agencias), protocolos de denuncia accesibles, campañas de prevención dirigidas a turistas y comunidades, cooperación internacional para desmantelar redes y atención integral a sobrevivientes.
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Programas de sensibilización en destinos turísticos son una herramienta clave para detectar y reducir la explotación en tiempo real.
El turismo sexual no es solamente una conducta individual condenable: cuando se entrelaza con trata y explotación infantil se convierte en un problema sistémico que afecta derechos humanos básicos.
