Los peligros que enfrentan las defensoras de derechos humanos
Hoy, 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, conviene recordar que detrás de la celebración existe una realidad sombría: defender colectivamente la justicia, la equidad y la dignidad humana sigue siendo una labor de alto riesgo.
Este día conmemora a las mujeres que, de forma individual o colectiva, se dedican a visibilizar violencias, denunciar abusos, defender derechos vulnerados y construir sociedades más justas.
La organización IM-Defensoras —pionera en registrar agresiones contra defensoras— marca hoy 15 años de existencia. Pero la celebración no puede resignarse al simbolismo: los datos documentan peligros reales y crecientes.
Cifras alarmantes: violencia, amenazas y muerte
Entre 2012 y 2023 la IM-Defensoras documentó 35 077 agresiones contra al menos 8 926 mujeres defensoras y 956 organizaciones.
CONTINÚA LEYENDO: ¿Qué es la Ley Cazzu? La propuesta que busca proteger a menores en Argentina
Durante ese periodo, 200 defensoras fueron asesinadas y otras 228 sobrevivieron a intentos de asesinato. De los agresores, el Estado —policías, autoridades civiles o militares— representa cerca del 45 % de las agresiones.
En 2023 se registraron 6 214 ataques contra al menos 1 188 defensoras y 73 organizaciones en la región mesoamericana.
Estos datos revelan que las defensoras no sólo enfrentan amenazas individuales (hostigamientos, violencia física o psicológica), sino una violencia sistemática que busca socavar sus luchas.
Las defensas más atacadas
Según la IM-Defensoras, las defensoras más vulnerables son:
- Quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación —como madres y familiares de víctimas de desaparición o violencia de Estado.
- Quienes defienden territorios, pueblos originarios y recursos naturales frente a megaproyectos extractivos.
- Periodistas, comunicadoras o defensoras de la libertad de expresión.
- Mujeres que defienden derechos de género, sexuales, reproductivos —incluyendo identidades disidentes y luchas feministas— lo que implica un reto adicional: desafían mandatos patriarcales, estigmas y discriminación incluso dentro de sus comunidades.
Riesgos estructurales, invisibilidad y obstaculización institucional
La violencia que enfrentan las defensoras es multidimensional:
Muchas agresiones provienen directamente del aparato estatal, lo que evidencia complicidades institucionales con poderes económicos o criminales.
TE PUEDE INTERESAR: Promueven prevención de violencia de género en Tepeapulco
Las agresiones no siempre son físicas: amenazas, acoso, campañas de difamación, vigilancia, hostigamiento psicológico y criminalización son formas sistemáticas de presión.
Las defensoras de contextos rurales, comunidades indígenas o territorios “disputados” enfrentan mayor riesgo. La invisibilidad —social, mediática, institucional— produce impunidad, lo que multiplica el peligro y silencia miles de casos.
Urgente reforzar su protección (y reconocer su labor)
Es esencial que se visibilice la magnitud de las agresiones: no basta con homenajes simbólicos. Las cifras demuestran que defender derechos en muchos países de Mesoamérica —incluyendo México— continúa siendo asunto de vida o muerte.
Se garantice protección efectiva: medidas concretas de seguridad, justicia y acompañamiento para defensoras amenazadas.
La sociedad reconozca a las defensoras no sólo como víctimas, sino como agentes de transformación, clave para garantizar derechos humanos, justicia, memoria, restitución de tierras, libertad de expresión, igualdad de género; medios y organizaciones promuevan sus historias, visibilicen su trabajo y denuncien impunidad.
CONTINÚA LEYENDO: Instituto de las Mujeres de Mineral de la Reforma y Rescatando Mujeres suman esfuerzos contra la violencia
Reconocerlas implica también exigir que el Estado cumpla su obligación de garantizar su integridad, llevar ante la justicia a sus agresores y abrir espacios seguros para que sigan tejiendo esperanza.
