28S: México avanza en derechos reproductivos, pero el acceso aún tropieza
El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, pese a los hitos nacionales, la estigmatización, el acceso desigual y los obstáculos institucionales siguen dejando a muchas personas sin protección efectiva.
Un mapa de logros jurídicos
El movimiento por el derecho a decidir en México acumula pasos importantes: la despenalización en la Ciudad de México (2007) abrió la puerta a servicios públicos y a una extensa discusión política y sanitaria.
En septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó jurisprudencia al declarar inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, lo que impidió a jueces condenar por el solo hecho de abortar.
En 2023 la SCJN dio un paso adicional que obligó a las instituciones federales a abstenerse de penalizar y a garantizar servicios: la Corte ordenó la eliminación del aborto del Código Penal Federal y su prestación en las instituciones federales, con lo que se consolidó un avance hacia la despenalización a escala nacional.
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Hidalgo: cuatro años de ILE y cifras concretas
Hidalgo reformó su marco legal para permitir la ILE en 2021; desde entonces, según reportes locales, al menos 933 mujeres han accedido al servicio en la entidad, que permite la interrupción voluntaria hasta las 12 semanas de gestación.
Aun así, colectivos locales señalan trabas en la implementación y la necesidad de rutas de atención y acompañamiento más articuladas.
Las barreras que no desaparecieron
A pesar de la protección jurídica creciente, organizaciones de derechos humanos y especialistas documentan tres problemas persistentes:
- Estigmatización y criminalización de facto: hay registros históricos y vigentes de mujeres procesadas o encarceladas por hechos relacionados con abortos, especialmente cuando los casos se reconvierten en delitos más graves (por ejemplo, homicidio o lesiones) en contextos de violencia obstétrica o ausencia de investigación adecuada. Organizaciones civiles han estimado, en distintos momentos, decenas o cientos de casos vinculados a penas por abortos o por delitos conexos.
- Acceso desigual entre entidades y dentro de las mismas instituciones: aunque el marco federal y varias entidades han avanzado, la disponibilidad real de servicios varía ampliamente; informes documentan que causales legales o reformas no garantizan por sí solas el acceso efectivo en hospitales ni la eliminación de barreras administrativas.
- Persistencia de personas privadas de la libertad por casos relacionados con abortos: redes y organizaciones que acompañan casos reportan que aún hay mujeres en procesos penales o en prisión preventiva por delitos vinculados al aborto; informes recientes indican decenas de procesos y que, en algunos conteos, al menos 10 mujeres continuaban privadas de la libertad por casos ligados a aborto.
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¿Qué exige el movimiento este 28 de septiembre?
Colectivos y organismos internacionales llaman a convertir las sentencias y reformas en políticas públicas efectivas: capacitación médica, protocolos sanitarios claros, rutas de acceso públicas y gratuitas, eliminación de barreras administrativas, y no criminalización de quienes interrumpen su embarazo ni de las personas que brindan servicios de aborto con medicamentos o en instituciones.
Además, insisten en garantías para quienes viven en zonas rurales o con menor acceso a servicios.
Cierre: balance nacional y reto local
El mapa jurídico mexicano ha cambiado sustancialmente desde 2007 (CDMX) hasta 2023 (resolución federal), y Hidalgo celebra cuatro años de ILE con cifras de usuarias atendidas; sin embargo, las mejoras normativas no son sinónimo automático de acceso universal y libre de estigma.
Para que la ILE sea una realidad material en Hidalgo y en todo México hacen falta inversión, coordinación institucional y la eliminación de prácticas que conducen a la criminalización de las mujeres y personas gestantes.
