Drones, oro y sangre: comunidades indígenas huyen ante la violencia en la Sierra Tarahumara
Al menos diez comunidades indígenas warijó y pimas han sido forzadas a abandonar sus tierras en los municipios de Moris y Uruachi, en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, luego de una escalada violenta marcada por el uso de drones con explosivos y asesinatos perpetrados por presuntos miembros del grupo criminal Los Salazar, aliado del Cártel de Sinaloa.
El origen de este terror: la codicia por el oro que yace en el subsuelo serrano. Según testimonios de desplazados y exempleados de pequeñas minas, la ofensiva criminal comenzó el 16 de junio, cuando se registraron los primeros bombardeos con drones, seguidos por el arribo de decenas de camionetas con hombres armados.
Desde entonces, comunidades como El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito han vivido quemas de viviendas y asesinatos selectivos.
Mientras cientos de personas huyen, las autoridades permanecen ausentes. Los desplazados han denunciado omisión oficial, luego de acudir sin éxito a la capital de Chihuahua. Ante la falta de respuesta, líderes como Hilario Valenzuela, gobernador indígena de La Finca Pesquera, viajaron a la Ciudad de México para presentar denuncias ante Segob, Sedena y la CNDH.
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En redes sociales circula un mensaje desesperado:
“Llegan armados, matan, torturan y mutilan personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, minería, ganadería y pesca… Pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto.”
La Fiscalía General del Estado confirmó haber recibido reportes sobre drones con explosivos el pasado 26 de junio, aunque autoridades locales insisten en que “no hay novedad relevante”, lo que contrasta con las denuncias de los desplazados, quienes acusan incluso burlas por parte de elementos federales que patrullan sin intervenir.
Los ataques serían parte de un intento de Los Salazar por desplazar a La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez —ligado al CJNG— para controlar un corredor minero y de tráfico de amapola y marihuana.
Este grupo, fundado por Adán Salazar Zamora en Chínipas, ha extendido su poder desde los años 90 en Chihuahua y Sonora. Su presencia quedó expuesta en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach, donde se reveló su influencia política y criminal en la región.
Hoy, el oro y el silencio oficial continúan alimentando el desplazamiento, la violencia y la impunidad en uno de los territorios más olvidados del país.
