Mujeres y drogas: una lucha marcada por la desigualdad
Pese a que las mujeres representan menor porcentaje de consumo de drogas enfrentan desigualdades estructurales; se enfrentan a la adicción, el estigma, el sesgo de género y menor acceso de tratamiento.
Cada 26 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar los efectos del consumo de sustancias y el impacto del narcotráfico en la sociedad. Sin embargo, esta lucha no es igual para todos: las mujeres enfrentan desigualdades estructurales que agravan las consecuencias del fenómeno.
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aunque las mujeres representan alrededor del 14% de los consumidores a nivel mundial, son más vulnerables al estigma, reciben menos apoyo especializado y tienen menor acceso a servicios de tratamiento.
Además, cuando son detenidas, enfrentan penas más duras por delitos relacionados con drogas, especialmente en países donde los marcos legales son más punitivos que preventivos.
En América Latina, la situación es aún más compleja. El estudio “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios”, elaborado por Dejusticia y WOLA, revela que una gran proporción de las mujeres encarceladas en la región lo están por delitos no violentos relacionados con el narcotráfico, como transporte o posesión, muchas veces cometidos en contextos de coacción, pobreza o necesidad económica.
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En México, se estima que cerca de 2 mil mujeres se encuentran privadas de su libertad por delitos de drogas, víctimas del narcotráfico o bajo detenciones presuntamente injustas.
Además, la violencia de género juega un papel determinante. Diversas organizaciones han documentado cómo muchas mujeres involucradas en economías ilegales de drogas lo hacen bajo la influencia o control de parejas, familiares o redes criminales que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad social o afectiva. Esta realidad rara vez se refleja en los sistemas de justicia, que no consideran la perspectiva de género en los procesos judiciales.
Por otro lado, las mujeres que consumen drogas son frecuentemente juzgadas más severamente por su entorno, lo que dificulta su rehabilitación y su reintegración social. Con la maternidad esta condena social es aún más intensa, obstaculizando su acceso a tratamientos adecuados por temor a perder la custodia de sus hijos.
La ONU ha llamado a aplicar enfoques más inclusivos y sensibles al género, centrados en la salud pública, los derechos humanos y la reducción de daños, y a fortalecer los programas de tratamiento diferenciados que reconozcan las necesidades particulares de las mujeres.
