México falla ante la Cedaw: sin avances reales para mujeres y niñas, denuncian organizaciones
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) denunciaron que el Estado mexicano no logró acreditar avances significativos en materia de derechos para mujeres y niñas, durante su evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), celebrada en Ginebra, Suiza.
Las organizaciones señalaron que la delegación mexicana, encabezada por Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, evadió responder preguntas clave sobre los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas fundamentales como salud, trabajo, educación, justicia y derechos familiares.
“El Estado mexicano nos quedó a deber”, expresaron ambas agrupaciones, al subrayar que México deberá responder por escrito a los cuestionamientos que dejó sin contestar, lo que evidencia un déficit en la rendición de cuentas en temas de género.
Durante los días 17 y 18 de junio, el Comité de Naciones Unidas mostró su profunda preocupación por la falta de evidencia verificable que demuestre avances reales en justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación contra las mujeres.
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Las organizaciones también lamentaron que la delegación oficial recurriera a evasivas, datos parciales y discursos triunfalistas, cuando en realidad las violencias contra las mujeres continúan e incluso se agravan. A pesar de que el Estado aseguró que los feminicidios han disminuido, las cifras oficiales indican que cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres, y solo el 25 % de estos casos se investigan como feminicidio. En estados como Guerrero o Guanajuato, el porcentaje baja a menos del 10 %.
“El negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza”, afirmaron.
El Comité también advirtió sobre la falta de datos estadísticos claros y actualizados, y mostró preocupación por el debilitamiento de instituciones clave como el Conapred, la CNDH, y la desaparición del INAI, además de señalar la militarización como un riesgo particular para mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.
Uno de los retrocesos más graves señalados fue el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), lo que compromete la continuidad de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y vulnera el principio de progresividad en derechos humanos.
Sobre el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, las organizaciones denunciaron su ineficacia: solo 1,472 de 2,128 solicitudes fueron aceptadas, y las medidas otorgadas continúan siendo reactivas y limitadas. Entre 2018 y 2024, 39 defensoras, en su mayoría indígenas y comunitarias, y cuatro periodistas fueron asesinadas.
En cuanto a salud sexual y reproductiva, el Estado omitió reconocer obstáculos reales como la falta de personal capacitado, el uso de la objeción de conciencia sin regulación y la criminalización del aborto en al menos 8 estados. Tan solo en los primeros tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya ha sido despenalizado.
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El actual Programa Nacional contra la Trata de Personas 2022–2024 fue calificado como ineficaz por falta de presupuesto, y se exigió que el próximo programa 2025–2030 cuente con recursos suficientes y contemple propuestas de la sociedad civil.
Finalmente, el OCNF y la Red TDT advirtieron que no existe un verdadero “tiempo de mujeres” mientras no se garanticen el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. Exigieron la reinstalación de la Conavim o la creación de un órgano equivalente, la homologación de códigos penales estatales con perspectiva de género, una reforma integral al mecanismo de protección para defensoras y periodistas, así como acceso efectivo al aborto legal y seguro.
