Mujeres rarámuris siguen sin poder volver a su tierra en Chihuahua
A pesar de haber ganado un amparo histórico contra el Estado mexicano, las mujeres rarámuris de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, aún no han podido regresar a su hogar.
El 29 de febrero de 2024, la justicia les dio la razón: el fallo ordenaba detener el desplazamiento forzado y garantizar condiciones para un retorno digno. Sin embargo, el Estado ha fallado en cumplir.
El amparo 1870/2023, emitido por una jueza del Décimo Distrito en Chihuahua, fue resultado del trabajo conjunto de Alianza Sierra Madre (ASMAC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). Desde 2018, las familias fueron forzadas a abandonar su territorio por la violencia y el avance de proyectos extractivos.
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Yudivit González, de ASMAC, explicó en entrevista a Cimacnoticias que el plan exigía una reubicación con perspectiva cultural, lingüística y territorial. Sin embargo, el traslado a viviendas urbanas no sólo rompió el tejido comunitario, sino que contradice las formas de vida rarámuri, basadas en la agricultura y el arraigo al territorio.
El idioma es una barrera constante, pues muchas mujeres solo hablan rarámuri. Además, la lejanía entre las viviendas dificultó la movilidad, el acompañamiento comunitario y dejó a las infancias sin acceso a la educación.
“Esta situación la han sorteado por sus propios medios, con algo de apoyo de ASMAC y del CEDEHM”, explicó González.
Las mujeres han debido asumir nuevos trabajos para sostener a sus familias, dejando de lado su rol como transmisoras del conocimiento ancestral: el idioma, los rituales y las tradiciones. Además, enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por ser indígenas, una combinación que las deja en una mayor situación de vulnerabilidad.
Resistencia en pie
Del 2 al 4 de mayo, mujeres rarámuris y sus familias realizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en el marco del Encuentro de Personas Desplazadas, para exigir su retorno seguro.
Algunas llevan hasta 15 años fuera de su tierra por la inseguridad y el abandono institucional.
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A través de una carta enviada a la gobernadora María Elena Campus Galván, organizaciones como ASMAC, CEDEHM, Colectivo Un Nuevo Amanecer, Uno de Siete Migrando y Consultoría Técnica Comunitaria solicitaron una reunión de trabajo urgente. Se propuso convocar a más de 10 dependencias estatales, entre ellas:
- Secretaría General de Gobierno
- Fiscalía General del Estado
- Secretaría de Salud
- Comisión Estatal de Vivienda
- Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas
Sin embargo, a 11 días del comunicado, ninguna autoridad ha respondido.
El despojo estructural en la Sierra Tarahumara
El desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara no es un hecho aislado. El Plan de Justicia de los Pueblos Ralámuli, Ódami, Oichkama y Warijó advierte que hay mil 257 concesiones mineras activas en la región, que afectan casi un millón de hectáreas.
En la última década, más de 50 empresas mineras extranjeras se han instalado en municipios como Guazapares, Urique, Uruachi y Ocampo, provocando graves daños ambientales y despojo territorial.
Actualmente, la Sierra Tarahumara alberga a más de 262 mil personas, de las cuales 135 mil pertenecen a los pueblos originarios. Esta riqueza natural ha convertido el territorio en objetivo de intereses privados y grupos criminales, que empujan a la población al desplazamiento forzado.
Según datos de ACNUR, más de 264 mil personas fueron desplazadas en México entre 2015 y 2020. La Encuesta ENVIPE del INEGI señala un aumento del 40% en cambios de residencia por inseguridad en ese mismo periodo.
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Entre agosto de 2024, los estados más afectados por desplazamientos masivos fueron:
- Chiapas (1,500 personas)
- Michoacán (660)
- Sinaloa (650, en su mayoría indígenas)
- Chihuahua (300, desde Guadalupe y Calvo)
En Chihuahua, la violencia desatada tras el asesinato del defensor Julián Carrillo en 2018, dejó a las comunidades sin protección. Carrillo era autoridad tradicional y líder jurídico en Coloradas de la Virgen. Su lucha contra la explotación forestal y de recursos naturales terminó con su vida el 24 de octubre de 2018.
A pesar de todo, algunas mujeres rarámuris permanecen en la comunidad, resistiendo, organizando y defendiendo su territorio. “Es mucho más complejo, corren más riesgos”, advierte Yudivit González.
