Turquía prohíbe las cesáreas electivas en clínicas privadas: ¿retroceso en los derechos reproductivos?
Una política estatal que prioriza los “valores tradicionales” sobre la autonomía de mujeres y personas gestantes despierta alarma internacional en Turquía.
Desde abril de 2025, en Turquía ya no es posible elegir libremente una cesárea en clínicas privadas. El gobierno ha prohibido las cesáreas electivas sin justificación médica, impulsando el parto vaginal como la única vía legítima de nacimiento. ¿El argumento? Según el Ministerio de Salud, se trata de promover el parto “más natural” como parte del denominado “Año de la Familia”, decretado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.
Detrás de este movimiento, sin embargo, se esconde una intención mucho más profunda: reforzar los valores tradicionales y revertir la caída de la tasa de natalidad, un fenómeno que el presidente turco ha calificado como “más grave que cualquier guerra”.
Pero esta política ha encendido las alertas: ¿Qué ocurre cuando un gobierno decide por encima de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes?
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La campaña oficial ha sido intensa y altamente visible. Durante un reciente partido del Sivasspor, los jugadores ingresaron al campo con una pancarta que rezaba: “El parto natural es natural” (“Doğal doğum doğaldır”), un eslogan que ha inundado las redes sociales turcas en las últimas semanas. Lejos de ser solo un mensaje de salud pública, para muchas personas representa una forma de presión estatal sobre decisiones profundamente íntimas.
Mientras el gobierno insiste en que busca mejorar la salud materna, organizaciones de derechos humanos y feministas han denunciado que esta medida cercena la libertad de decidir cómo parir. Obligar a las mujeres a ajustarse a un sólo modelo de parto, sin considerar su voluntad o circunstancias particulares, no sólo es paternalista: es una forma de violencia institucional.
¿Quién tiene el control sobre los cuerpos de mujeres y personas gestantes?
La prohibición de las cesáreas electivas no es un asunto técnico ni administrativo.
Es un tema profundamente político que atañe a la autonomía corporal, al derecho a la salud y a la libertad reproductiva. Obligar a una persona a parir de determinada forma por intereses demográficos del Estado sienta un peligroso precedente.
Hoy es Turquía, pero la pregunta resuena más allá de sus fronteras: ¿Quién debe decidir cómo se da a luz? En una democracia, la respuesta debería ser clara. Y no debería venir desde un despacho presidencial.
