Congreso de Puebla urge a Ayuntamientos a cumplir medidas para víctimas de violencia
El Congreso del Estado de Puebla exhortó a los municipios a cumplir con las medidas y protocolos para la protección de víctimas de violencia.
La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado, encabezada por la diputada Guadalupe Yamak Taja, avaló un exhorto dirigido a Ayuntamientos y Concejos Municipales para garantizar la aplicación efectiva de medidas de protección en favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.
El acuerdo plantea que las autoridades municipales no solo emitan estas disposiciones, sino que aseguren su seguimiento, monitoreo y ejecución, incluso mediante coordinación con instancias estatales y federales. La propuesta fue impulsada por la diputada Xel Arianna Hernández García, en un contexto donde la efectividad de estas medidas sigue bajo escrutinio.
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En la misma sesión, la Comisión también dio luz verde a un segundo exhorto enfocado en la simplificación administrativa, que busca que los municipios agilicen, digitalicen y reduzcan la burocracia en trámites vinculados a la apertura y operación de negocios, con el objetivo de fortalecer la economía local y facilitar la inversión.
Durante el análisis, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas propuso reforzar el planteamiento —presentado originalmente por Angélica Patricia Alvarado Juárez— para incluir el cumplimiento de los artículos transitorios de la ley correspondiente, que obligan a implementar estas mejoras en plazos definidos.
Entre los puntos clave, se subrayó la necesidad de que los municipios designen formalmente a sus enlaces de simplificación ante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como reportar las soluciones tecnológicas desarrolladas para integrarlas al Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
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El dictamen fue aprobado por las y los integrantes de la Comisión, entre ellos Leonela Jazmín Martínez Ayala, Luana Armida Amador Vallejo, Elías Lozada Ortega y la propia Laura Guadalupe Vargas Vargas, marcando un doble llamado: proteger a las víctimas y modernizar la gestión pública.
