Aeronave militar de Estados Unidos en Toluca ¿tropas extranjeras?
La presencia de una aeronave militar de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca, registrada el sábado 17 de enero, abrió un debate jurídico y político sobre la legalidad del ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y el papel del Senado de la República en este tipo de autorizaciones.
De acuerdo con reportes, el avión —un Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense— no pudo haber llegado sin tripulación militar extranjera, lo que implicaría la presencia de tropas no mexicanas en suelo nacional.
Dos días después, el lunes 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la aeronave aterrizó para trasladar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de un proceso de capacitación bajo la tutela del Comando Norte de Estados Unidos.
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La mandataria señaló que, aunque este tipo de aeronaves suele arribar a bases militares, en esta ocasión aterrizó en Toluca debido a una condición previamente establecida, con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, y aseguró que no fue necesaria la autorización del Senado, al tratarse de una actividad acordada desde meses atrás .
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 76, fracción III, de la Constitución establece como facultad exclusiva del Senado autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, sin excepciones. El precepto no distingue número de elementos, tipo de armamento ni propósito de la presencia, por lo que cualquier ingreso de uno o más soldados extranjeros, incluso para capacitación o transporte, requiere autorización expresa.
Además, la norma impone una limitante absoluta: ningún otro poder u órgano del Estado puede autorizar la presencia de tropas extranjeras. Esto excluye a la Presidencia de la República, al gabinete, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas y a la Comisión Permanente.
Senado en receso y sin autorización publicada
El Senado se encuentra en receso desde mediados de diciembre y reanudará su periodo ordinario el 1 de febrero, conforme al artículo 65 constitucional.
Una revisión del Diario Oficial de la Federación correspondiente a diciembre y enero no arroja registro de autorización alguna para el ingreso de la aeronave ni de su tripulación, ni tampoco una convocatoria a periodo extraordinario por parte de la Comisión Permanente, la cual carece de facultades para aprobar este tipo de decisiones.
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Especialistas y críticos del hecho subrayan que funcionarios mexicanos cuentan con medios de transporte propios, por lo que no resulta claro ni justificable que sean trasladados dentro del país en una aeronave militar extranjera.
Ante este escenario, se plantea que, si no existió autorización del Senado, la presencia de tropas y de la aeronave estadounidense en Toluca podría constituir una violación grave a la Constitución, e incluso ubicarse en los linderos del delito de traición a la patria, según interpretaciones jurídicas estrictas.
Mientras no se aclare de manera documental la autorización correspondiente, la versión oficial y el marco constitucional permanecen en tensión.
En palabras del análisis crítico que circula tras el caso, “alguien está mintiendo”, y el fondo del asunto no es solo el aterrizaje de un avión, sino el respeto a la Constitución y al equilibrio de poderes en México.
