Desapariciones forzadas: defensoras y periodistas
En México, la crisis de desapariciones forzadas continúa sin tregua: más de 133 mil 61 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), una cifra que refleja la magnitud de un problema estructural que impacta de manera particular a mujeres defensoras, periodistas y buscadoras.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto, organizaciones han recordado que estas desapariciones no son hechos aislados: están vinculadas al acompañamiento a víctimas, la denuncia de corrupción e impunidad y la defensa de derechos humanos.
Mujeres bajo riesgo diferenciado
Aunque en números desaparecen más hombres que mujeres, el panorama para ellas es más grave: 30 mil 259 mujeres están desaparecidas y, en diez estados, la cifra femenina supera a la masculina. Entre ellos destacan el Estado de México (32 mil 814 mujeres frente a 30 mil 881 hombres), Puebla (9 mil 392 frente a 8 mil 883), Yucatán (4 mil 318 frente a 2 mil 789) y Hidalgo (3 mil 374 frente a 3 mil 363). La mayoría de estos casos están relacionados con trata y explotación sexual.
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El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reportó que, desde 2016, han sido asesinadas o desaparecidas 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores, entre ellas 15 mujeres. También se ha documentado el asesinato de 25 personas buscadoras y la desaparición de otras siete, de las cuales tres siguen sin ser localizadas.
A esta realidad se suma una crisis forense con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar, reflejo de las carencias técnicas, materiales y humanas del Estado para dar respuestas y garantizar verdad y justicia.
Demandas urgentes
Las organizaciones han exigido la presentación con vida de todas las personas desaparecidas, el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas, así como la implementación del Protocolo Homologado de investigación de delitos contra defensoras y periodistas.
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También demandan acciones inmediatas frente a la crisis forense, para identificar cuerpos y entregarlos a sus familias con respeto y dignidad.
El panorama refleja una realidad devastadora: en México, la desaparición no solo es un crimen que desgarra a miles de familias, sino también un mecanismo de silenciamiento contra quienes alzan la voz en defensa de la justicia y los derechos humanos.
