Alerta por embarazos infantiles: 8 de cada 10 son por violación en México
México enfrenta una crisis silenciosa: el 80% de los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de violación, y en la mayoría de los casos, el agresor es un familiar cercano. Así lo advierte Paula Rita Rivera Núñez, gerente de Operaciones de Telefem, organización civil que ofrece servicios de salud reproductiva.
“Estamos hablando de delitos”, sentencia Rivera, quien remarca que ninguna niña de 10 años está preparada física ni emocionalmente para una relación sexual. Sin embargo, estos casos persisten debido a fallas estructurales del Estado: pobreza, desigualdad, falta de educación sexual, deficiente acceso a salud y ausencia de justicia.
Uno de los instrumentos que no se está aplicando como debería es la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, que permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación.
Rivera cuestiona que en 30 casos recientes de embarazo infantil —visibilizados por la Secretaría de Salud— no se sepa el paradero legal de los agresores, quienes en algunos casos triplicaban o cuadruplicaban la edad de las niñas.
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En 2024, uno de cada 25 bebés en México nació de una madre menor de edad; hubo casos con diferencias de edad de hasta 69 años entre padres y madres. Además, tres mil 244 padres tenían entre 15 y 16 años, según datos oficiales.
Rivera, con experiencia en atención perinatal y promoción de la partería, alerta sobre las graves consecuencias físicas y psicológicas del embarazo infantil: muerte materna, lesiones severas, aborto inseguro, parto prematuro, trauma genital, abandono escolar y exclusión social. También hay riesgos para los recién nacidos: bajo peso, malformaciones genéticas y muerte fetal.
México se comprometió a erradicar los embarazos en niñas de 10 a 14 años para 2030, como parte de la Agenda 2030 de la ONU, pero aún está lejos de cumplirlo. A pesar de los esfuerzos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), la desigualdad y los matrimonios forzados por usos y costumbres perpetúan este fenómeno.
Para Rivera, la solución está en invertir en educación sexual integral, salud materna y en un sistema de justicia con perspectiva de infancia: “Esto no tiene que ver con religión, sino con salud pública”, concluye.
