Cobro de piso, amenazas y silencio institucional: así extorsionan a trabajadoras sexuales en México
En distintas ciudades del país, mujeres dedicadas al trabajo sexual enfrentan extorsiones, intimidación y desplazamiento forzado, mientras las autoridades miran hacia otro lado.
De acuerdo con la Red Mexicana de Trabajo Sexual y la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, se han detectado casos de cobro de piso en zonas como el parque Miguel Hidalgo en Tapachula, parque Morelos en Guadalajara, y la Calzada Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
En esta última, varias denuncias apuntan a una mujer conocida como “Thalía N.”, apodada “La Madrota”, quien presuntamente exige cuotas iniciales de mil pesos y pagos semanales de hasta 500 pesos a cambio de permitir que las mujeres trabajen en la zona. Quienes no pagan, aseguran, son amenazadas, agredidas o desplazadas. Cuando Thalía no aparece a “cobrar la colegiatura”, como llama al dinero, envía a terceros, incluidos su pareja César o trabajadoras sexuales identificadas como Monse, Nicole, Aline, Alexa, Karla o Wilver.
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Las mujeres han presentado denuncias formales ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero también han sufrido represalias. Algunas han sido detenidas tras grabar a policías que, según testimonios, extorsionan a sus clientes tras salir de hoteles como el Pensilvania o el Pigal, en Cuauhtémoc.
En Guadalajara, la situación es similar. La fundadora de Brigada Callejera, Elvira Madrid, denunció que en el parque Morelos, dos extrabajadoras sexuales —Isabela N. y Lourdes N.— cobran piso y utilizan la intimidación para controlar la zona. La Fiscalía de Jalisco, sin embargo, se negó a abrir carpetas de investigación, argumentando falta de pruebas, a pesar de que se han presentado audios, videos y testimonios directos.
La situación se agrava en ciudades fronterizas. En Tapachula, trabajadoras sexuales migrantes —provenientes de Cuba, Haití o Venezuela— son amenazadas con la deportación si no acceden a pagar cuotas. Algunas han sido desplazadas del parque Miguel Hidalgo, donde supuestos padrotes intentan controlar los horarios de trabajo. La percepción de inseguridad en esta ciudad, según datos del INEGI, es una de las más altas del país.
Cristian Gómez, integrante de Brigada Callejera en Tapachula, advierte que muchas mujeres migrantes han recurrido al trabajo sexual como única opción de ingresos. La criminalización, el estigma y el vacío legal agravan su vulnerabilidad.
En México no existe una Ley Federal que regule el trabajo sexual, lo que deja a las mujeres en un limbo: sin protección, sin seguridad social y sin derechos básicos.
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La abogada Arlen Palestina Panal, también de Brigada Callejera, afirmó que entre 2024 y 2025 han documentado 85 intentos de denuncia por parte de trabajadoras que buscan frenar la extorsión, pero que terminan siendo amenazadas o desplazadas. “Los líderes ambulantes están ligados a la delincuencia organizada y también representan fuerza política, por eso no hay voluntad de actuar”, denunció.
Frente a este panorama, las organizaciones civiles continúan acompañando a las mujeres, aunque las represalias aumentan. “Vamos a seguir denunciando —dijo la abogada Panel— porque esto es una forma de violencia estructural, y se está permitiendo desde el poder”.
